Segunda noticia.

 Integridad, Política y Seguridad en El Salvador.

Por Jaime López (*)
En El Salvador todavía es poco lo que hacemos por preservar y blindar esa integridad. El enfoque de control es todavía tradicional, es decir con un carácter punitivo sobre los actores directos de hechos impropios, que trata de enfrentarlos a un sistema en el que es fácil trabar o evadir la aplicación de la ley
SAN SALVADOR - Una política eficaz de seguridad y prevención de la violencia requiere un nivel adecuado de integridad en las instituciones públicas. De hecho, alcanzar estándares aceptables de control de la corrupción, manejo de conflictos de intereses, transparencia y buen uso de recursos, entre otras medidas, no sólo tiene un efecto de contención contra la criminalidad, en especial la organizada, sino que además alimenta la confianza y el interés de los ciudadanos por preservar la convivencia pacífica y sus espacios públicos.

 

Sin duda, los problemas de la criminalidad y la violencia son fenómenos complejos. En lo nacional estamos cerrando la etapa de la “mano dura”, que además de no poder contrarrestar la violencia atribuida a las pandillas, azuzó más su peligrosidad. Todavía no es claro cuál es el enfoque alternativo de seguridad pública. Las autoridades gustan usar la palabra “integral” al hablar del necesario complemento entre medidas preventivas y coercitivas, siendo difícil apreciar cómo o con qué recursos ese binomio puede realizarse. Pero a pesar de todo es claro un mayor entendimiento de que el uso de la fuerza por si sola poco sirve.

 

En lo regional, somos parte de la lucha contra la narcoactividad. En teoría la ecuación es sencilla: hay que combatir el suministro de drogas, que incluye su producción y tráfico, y desalentar el consumo. Pero igual, en la práctica la captura de narcos y los decomisos importantes de drogas, no parecen ser señales suficientes de que esa guerra la estamos ganando. Inclusive, hay indicadores en dirección opuesta. Un informe de la contraloría estadounidense reveló que a pesar de la inversión de 6,000 millones de dólares en el Plan Colombia, entre 2000 y 2006 en el país suramericano la producción de coca creció 15% y la de cocaína 4%

 

No es difícil encontrar ejemplos sobre la forma en que el crimen organizado transnacional puede penetrar a las instituciones públicas. En el operativo de diciembre de 2009 que concluyó con la muerte del narcotraficante mexicano Arturo Beltrán Leyva,  llamado el “jefe de jefes”, salieron revelaciones e hipótesis sobre la protección que recibía. Se mencionó que el capo tenía informantes en el ejército, las policías municipal y ministerial, así como sicarios que recorrían la ciudad de Cuernavaca. Eso explicaría porque fue una unidad élite de la marina mexicana la que llevó a cabo el operativo sin depender o buscar el apoyo de las otras autoridades que tenían jurisdicción en la zona.